COVID - 19 – Fiscalización y control de precios máximos y otras medidas dirigidas a asegurar el abastecimiento de bienes de consumo masivo

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Fiscalización y control de precios máximos y otras medidas dirigidas a asegurar el abastecimiento de bienes de consumo masivo

Mediante Decreto N° 351/2020, publicado el 9 de abril de 2020 se convocó a los intendentes de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de la Resolución de la Secretaria de Comercio Interior (SCI) Nº 100/2020 que fijó precios máximos a productos de consumo masivo, entre otras medidas tendientes a asegurar su abastecimiento (ver la referida resolución aquí).

De este modo, las autoridades municipales estarán a cargo de la fiscalización y control, mientras que el juzgamiento de las infracciones cometidas continuará a cargo de la SCI, quien deberá determinar el mecanismo para la remisión de las actuaciones administrativas labradas por las autoridades municipales

El procedimiento anterior rige para el control de las actividades realizadas en los territorios de jurisdicción nacional y en establecimientos comerciales dedicados al comercio interjurisdiccional.

Asimismo, se convocó a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar el control y juzgamiento del cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución SCI Nº 100/2020 cuando los incumplimientos afecten exclusivamente el comercio de sus respectivas jurisdicciones, encomendándolos a coordinar estas acciones con los intendentes de cada jurisdicción, conforme a las normativas provinciales y municipales correspondientes.

Este Decreto se asimila al Decreto 177/2020 de la Provincia de Buenos Aires, que otorgó facultades a los municipios para que procedan a llevar adelante la fiscalización de establecimientos industriales, logísticos y comerciales radicados en esa provincia a los fines de controlar y verificar el cumplimiento de los precios máximos vigentes.

El procedimiento previsto en todos los casos citados es el establecido en la Ley de Abastecimiento, que consiste esencialmente en: (i) labrado de acta de comprobación, (ii)  notificación al presunto infractor para que dentro de los 10 días hábiles pueda presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas y (iii) el dictado de resolución definitiva dentro de los cinco días hábiles de concluidas las diligencias sumariales.

Para el cumplimiento de su cometido los funcionarios actuantes podrán  requerir el auxilio de la fuerza pública, ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento los locales industriales, comerciales y establecimientos y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor; secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta 30 días hábiles, intervenir la mercadería en infracción aun cuando estuviera en tránsito y clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado la infracción. La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de 30 días, Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta y citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración, entre otras facultades.

El Decreto estará vigente entre el día 10 de abril de 2020 hasta la finalización de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto Nº 260/20 y sus modificatorios.