COVID - 19 - Ley Nº 15.172 de la Provincia de Buenos Aires, suspensión ejecuciones hipotecarias, fiscales y judiciales

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LEY Nº 15.172 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SUSPENSIÓN EJECUCIONES HIPOTECARIAS, FISCALES Y JUDICIALES.

La Provincia de Buenos Aires determino mediante la Ley Nº 15.172 suspender en todo el ámbito de la provincia hasta el 30 de septiembre del 2020 las siguientes ejecuciones:

1.               Ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, en las que los inmuebles a ejecutar sean destinados como vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora o quienes la sucedan;

2.               La ejecución de la hipoteca sobre la parte indivisa de un condominio siempre que la parte deudora integre el condominio, o quienes la sucedan a título universal, sean ocupantes de la vivienda;

3.               Los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

4.               Las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA); planes de ahorro para adquisición de vehículos automotores;

5.               Toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales.

6.               Ejecuciones de créditos por expensas comunes;

7.               Toda ejecución o lanzamiento, sea en sede civil o penal, en que la demandada sea una unidad de producción cuya gestión se encuentre en manos de sus trabajadores y trabajadoras (Fábricas Recuperadas), que hayan resultado expropiadas.

La presente Ley suspendió también todos los plazos de caducidad de instancia en los procesos de ejecución hipotecaria, de créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), de planes de ahorro para adquisición de automotores y créditos por expensas comunes.

Sin embargo se permiten el inicio de demandas cuando fuera imprescindible para interrumpir el plazo de prescripción de la acción.

Por otro lado la presente Ley también suspende por el mismo plazo las ejecuciones de las sentencias judiciales cuyo objeto sean el desalojo de los siguientes inmuebles:

1.               Inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural.

2.               Habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares.

3.               Inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.

4.               Inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.

5.               Inmuebles alquilados por monotributistas, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

6.               Inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, que sean monotributistas.

7.               Inmuebles alquilados por MiPyMES, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

8.               Inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES).

9.               Lanzamientos ya ordenados que no se hubieran cumplido hasta la entrada en vigencia de la presente Ley.

Dicha suspensión opera siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, de sus continuadores o sublocatarios.

Sin embargo, la ley prevé una excepción a dicha suspensión. Esto es para en los casos en donde la parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar.

Por último se establece que para aquellos casos en donde los desalojos afecten a un conjunto de 5 (cinco) o más familias que se encuentren dentro de un barrio popular incluido en los registros públicos el plazo de suspensión se extenderán por 90 días más desde el vencimiento del 30 de Septiembre.