COVID - 19 - La AFIP implementa el nuevo régimen de regularización

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La AFIP implementa el nuevo régimen de regularización

Mediante la Resolución General (AFIP) Nº 4816/2020, publicada en el Boletín Oficial el día 16 de septiembre de 2020, la autoridad fiscal reglamentó la ley Nº 27.562, correspondiente a la ampliación de la moratoria dictada por la ley Nº 27.541 y que permite regularizar obligaciones fiscales y de seguridad social vencidas al 31 de julio de 2020, inclusive, así como los intereses no condonados y multas firmes relacionadas ellas. El plazo de vencimiento es el 31 de octubre de 2020.

Se excluyen del régimen: (i) cuotas de ART, (ii) aportes y contribuciones al Sistema Nacional de Obras Sociales, (iii) aportes y contribuciones con destino especial para el servicio doméstico, (iv) cuotas del seguro de vida obligatorio, (v) aportes y contribuciones con destino al RENATRE o RENATEA, (vi) anticipos y pagos a cuenta, excepto aquellos vencidos al 31 de julio de 2020 y respecto de los cuales no se hubiera presentado la declaración jurada o ésta no hubiera vencido, (vii) cotizaciones fijas de trabajadores en relación de dependencias adheridos al monotributo devengadas hasta junio de 2004, (viii) obligaciones en planes de pago caducos en el marco del régimen de regularización de esta resolución, (ix) obligaciones de los períodos considerados como condición para el beneficio de contribuyente cumplidor en el artículo agregado a continuación del art. 17 de la ley 27.541, (x) intereses resarcitorios, punitorios y multas relativos a los conceptos (i) a (ix); y (xi) sujetos excluidos por el art. 16 de la ley 27.541.

Los sujetos que adhieran al régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el 30% del capital social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562.

En lo que respecta a la repatriación de activos del exterior, requerido para ciertos contribuyentes por la ley Nº 27.562, podrán ser ingresados a través del MULC o permanecer depositados en una cuenta abierta a nombre del titular en una cuenta abierta en entidades financieras argentinas. En este último caso, podrán afectarse, por un término mínimo de 24 meses- a los siguientes destinos: (i) certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el BICE, o (ii) la adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión de la ley Nº 24.083 que cumplan con los requisitos de la CNV.

La existencia y el valor de los activos financieros en el exterior se considerarán a la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 27.562. No constituyen activos financieros las participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades del exterior cuando estas últimas, en forma directa o indirecta, realicen principalmente actividades operativas. Dicho requisito se cumple cuando sus ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas, en los términos del artículo 292 del Anexo del Decreto N° 862/19.

Sin perjuicio de ello, se presumirá que se trata de un activo financiero cuando dicha participación no supere el 10% del capital de la entidad, sociedad o empresa constituida, domiciliada, radicada o ubicada en el exterior.

En el caso de créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptibles de valor económico: no se consideran incluidos aquellos créditos y/o derechos vinculados a operaciones de comercio exterior realizadas en el marco de actividades operativas. Adicionalmente, no están comprendidos en la definición de activos financieros los créditos y garantías comerciales, derechos y/o instrumentos financieros derivados afectados a operaciones de cobertura que presenten una estrecha vinculación con la actividad económica productiva y/o se destinen a preservar el capital de trabajo de la empresa.

Los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562. A esos fines, deberá presentar un informe especial extendido por contador público independiente matriculado encuadrado en las disposiciones contempladas por el Capítulo V de la Resolución Técnica (FACPCE) Nº 37, encargo de aseguramiento razonable, con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros situados en el exterior.

A fin de incluir deudas tributarias en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, la regularización conllevará el allanamiento incondicional y el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, y renuncia del derecho de repetición. Para ello, se deberá acompañar al procedimiento la constancia de adhesión a la moratoria y el detalle de las obligaciones regularizadas. Los honorarios se encontrarán a cargo del contribuyente –salvo los casos que versen exclusivamente sobre multas o intereses resarcitorios o punitorios condonados- y se reducirán en un 30%, y podrán ser abonados en 12 cuotas.

En el caso de optar por la compensación de deudas impositivas y previsionales, deberá indicarse expresamente a través de la transacción ‘’Compensación Ley Nº 27.541’’ del sistema ‘’Cuentas tributarias’’. En caso de detectarse inconsistencias, se informarán y se contestarán mediante el sistema de presentaciones digitales. La inexactitud provocará la invalidez de la totalidad de las compensaciones realizadas que tengan como origen dicho saldo y la caducidad de los planes ingresados por esta vía, a menos que el saldo improcedente sea igual o menor a la suma de $ 30.000 o al 5% del monto compensado, el que fuera mayor y se proceda a cancelar las obligaciones emergentes mediante pago al contado junto con los intereses en el plazo de 10 días hábiles.

En lo que respecta a la causal de caducidad por distribución de dividendos, dispuesta por el art. 13, inc. c), punto 6.6.1. de la ley Nº 27.451, la misma no operará cuando sus accionistas o beneficiarios acrediten el pago, restitución, reintegro o devolución dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos desde la fecha de notificación del incumplimiento por parte de la AFIP.

Se reglamenta la modalidad de solicitud de adhesión a los diversos planes ofrecidos, la forma de aceptación y el ingreso de las cuotas. Asimismo se prevé la cancelación anticipada por única vez cuando sea por el total del saldo de la deuda, a partir de la segunda cuota.