La Secretaría de Minería actualiza el registro de inversiones mineras

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LA SECRETARÍA DE MINERÍA ACTUALIZA EL REGISTRO DE INVERSIONES MINERAS

Mediante la Resolución 118/2020 (la “Resolución”) publicada en el Boletín Oficial el día 20/11/2020, la Secretaría de Minería de la Nación tomó una medida concreta con el objeto de actualizar el Registro de la Ley de Inversiones Mineras (el “Registro”) y contar con información fehaciente y actualizada respecto a los beneficiarios inscriptos en dicho régimen.

La Ley de Inversiones Mineras 24.196 del año 1993, que diera nacimiento al llamado “boom de la minería argentina” y atrajo cuantiosas inversiones durante más de una década, otorgó importantes beneficios fiscales y exenciones aduaneras a las empresas mineras y de servicios, a los que se accedía mediante la inscripción en el Registro y la presentación de declaraciones juradas anuales detallando los trabajos e inversiones efectivamente realizados en los proyectos mineros.

La Resolución establece un mecanismo para imponer la baja preventiva en el Registro por un plazo de un año a aquellos inscriptos (personas humanas y jurídicas) que se identifiquen como “inactivos”, mediante un cruzamiento de información entre la Secretaría de Minería y la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”).

Los requisitos a tener en cuenta por la Secretaría para imponer la baja preventiva son:

(i) que la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) se encuentre en estado inactivo, dada de baja o no habilitada ante la AFIP -en los impuestos nacionales- desde hace dos años al día 31/12/2019;

(ii) no contar con sede electrónica constituida conforme a la normativa vigente;

(iii) no haber utilizado el beneficio previsto en la Ley 24.196 relativo a la exención del pago de derechos de importación y otros gravámenes aplicables a la importación de bienes de capital o equipos al país, o haber desafectado dichos bienes al uso minero o pueda presumirse el final de su vida útil; y

(iv) no haber presentado declaraciones juradas en los últimos dos períodos fiscales.

La Resolución prevé que la baja preventiva será declarada mediante acto administrativo y se convertirá en baja definitiva transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial. Asimismo, quien fuera dado de baja no podrá solicitar su inscripción en el Registro hasta cumplidos dos años contados desde que la baja se tornó definitiva.

La Resolución fija un mecanismo para rehabilitar al sujeto dado de baja y volver a quedar inscripto en el Registro, lo cual podrá ocurrir únicamente durante la vigencia de la baja preventiva. La persona afectada deberá solicitar su rehabilitación, para lo cual deberá cumplir los siguientes requisitos:

(i) rehabilitar su CUIT ante la AFIP;

(ii) inscribirse en el Registro Único del Ministerio de Producción (R.U.M.P.);

(iii) constituir la sede electrónica; y

(iv) presentar las declaraciones juradas impositivas adeudadas conforme la normativa vigente.

Finalmente, la Resolución establece que la baja preventiva no implica la renuncia de la Secretaría de Minería a aplicar las sanciones que correspondan o realizar la fiscalización o auditoría de las empresas mineras conforme a la normativa vigente.

Nuestra opinión

Entendemos que la Resolución se funda en razonables fundamentos legales y económicos. En principio, no existiría razón alguna para mantener dentro del Registro (con los beneficios impositivos y contables que otorga la Ley de Inversiones Mineras) a personas humanas o jurídicas que ni siquiera tienen su número de identificación tributaria (CUIT) activo, ni tampoco han presentado sus últimas declaraciones juradas impositivas.

Sería igualmente deseable que en un futuro cercano se realice un relevamiento de la multiplicidad de cateos y minas registradas y vigentes en algunas provincias, cuyos titulares no han presentado por años ninguna documentación requerida por el Código de Minería y los Códigos de Procedimientos Mineros provinciales, obstaculizando de ese modo el desarrollo de la industria minera real frente a los comúnmente llamados “mineros de papel” que abundan en los catastros mineros de todo el país.

En caso de requerir mayor información, no dude en contactarse con Alejandro D’Onofrio y/o María Inés Corrá