Un data center es, en términos simples, la infraestructura que hace posible la economía digital. Cada vez que usamos una aplicación, vemos contenido en streaming o interactuamos con sistemas de inteligencia artificial, hay un centro de datos, en algún lugar del mundo, procesando esa operación. Sin ellos, no hay nube ni IA.

La escala que alcanzó esta industria en los últimos años no tiene precedentes. Los grandes jugadores globales, como Amazon, Microsoft, Google, Meta y Oracle, lideran una ola de inversiones impulsada por la inteligencia artificial que ya mueve cientos de miles de millones de dólares.

Solo en 2025, las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos destinaron alrededor de 400.000 millones de dólares a este tipo de infraestructura, y se proyecta que esa cifra alcance los 600.000 millones en 2027. En paralelo, las operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector superaron los 69.000 millones de dólares en el último año.

En ese contexto, los data centers dejaron de ser una infraestructura de soporte para convertirse en un activo estratégico. Ese movimiento global empieza a tener correlato local.

En octubre de 2025, OpenAI y la firma argentina Sur Energy habrían firmado una carta de intención para desarrollar un campus de hiperescala en la Patagonia, con una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares y capacidades en torno a los 500 megavatios. Más allá de su concreción, el dato es significativo: nuestro país empezó a aparecer en el radar de proyectos de esta magnitud.

Ahora bien, ¿qué implica, desde el punto de vista jurídico, estructurar una operación de este tipo? Un data center no encaja en una sola categoría; es, al mismo tiempo, un proyecto inmobiliario, energético, tecnológico y de telecomunicaciones. Esa naturaleza híbrida explica su complejidad: requiere tierra con condiciones específicas, acceso a energía en volúmenes equivalentes a los de una ciudad mediana, conectividad de alta capacidad y financiamiento de largo plazo. Todo eso debe articularse en una única operación y sostenerse durante décadas.

Las tres dimensiones para la inversión

En la práctica, estas transacciones suelen organizarse en tres dimensiones. La primera es el desarrollo del proyecto: adquisición de tierras, permisos, construcción y acuerdos de largo plazo con clientes que aseguren la demanda futura. La segunda es el financiamiento, que combina capital propio con distintas capas de deuda, bancaria y de mercado, que se estructuran en función de esos flujos futuros. La tercera abarca las operaciones de inversión y compraventa, donde fondos de infraestructura y capital privado adquieren participaciones, forman alianzas o refinancian activos ya operativos.

Esa estructura exige la intervención coordinada de múltiples áreas del derecho: societario, regulatorio, energético, financiero, ambiental y de protección de datos, pero el desafío central no es solo técnico, sino de articulación: integrar todos esos frentes bajo los tiempos y exigencias que imponen los inversores globales, con horizontes de decisión cada vez más acelerados.

El efecto RIGI

En el caso argentino, el marco normativo introduce elementos específicos esenciales para estructurar este negocio. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece hoy como la herramienta central, al ofrecer estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria por treinta años.

En un país históricamente atravesado por la volatilidad normativa, esa previsibilidad es un factor decisivo para cualquier inversor de escala. Aun así, la implementación no es lineal, la articulación con provincias y municipios, la obtención de permisos locales y, especialmente, las restricciones cambiarias siguen siendo puntos críticos en la estructuración de las operaciones. La ingeniería financiera debe contemplar estos factores desde el inicio.

Hay, además, dos variables técnicas determinantes. La primera es la energía: los centros de datos requieren suministro continuo, confiable y, cada vez más, con componentes renovables. La segunda es la regulación en materia de datos personales y ciberseguridad. En este punto, Argentina cuenta con una ventaja poco difundida: su reconocimiento por parte de la Unión Europea como país con nivel adecuado de protección de datos, lo que facilita la transferencia internacional de información sin requerir mecanismos adicionales, a diferencia de otros mercados de la región.

La irrupción de los data centers como categoría propia dentro del derecho transaccional no es una moda pasajera. Es la manifestación jurídica de una economía cada vez más intensiva en datos, energía y capacidad de procesamiento.

Para Argentina, el desafío no es solo atraer estas inversiones, sino demostrar que puede estructurarlas y sostenerlas con estándares internacionales. Si logra hacerlo, no solo se posicionará en una industria en expansión, sino que dará una señal más amplia: que está en condiciones de integrarse a las nuevas capas de la economía global.