El 10 de abril de 2024, se publicó en el Boletín Oficial el DNU N° 302/24, por el cual se introdujeron importantes reformas al régimen de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con el objetivo de liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de dichos servicios.

La principal reforma es la derogación del DNU Nº 690/20, por el cual la anterior administración nacional había declarado como “servicio público” a los servicios de TIC (incluida la telefonía móvil) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios TIC. La declaración de servicio público implicaba otorgar al Estado la potestad de regular los precios y tarifas, entre otras medidas de intervención estatal sobre los prestadores de servicios.

Si bien la regulación tarifaria no se aplicó en la práctica debido a diversas medidas cautelares que fueron dictadas por el Poder Judicial contra el DNU Nº 690/20, su reciente derogación despeja las discusiones judiciales y el riesgo regulatorio que ese decreto generaba.

En línea con ello, se modificó la Ley N° 27.078 de Argentina Digital, a fin de establecer que los licenciatarios de servicios TIC tienen libertad para fijar los precios de sus servicios.

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